Hace casi un año publiqué en terramagazine el siguiente artículo, con entrevistas a expertos en emergencias y en construcciones sobre lo que podría pasar en Santiago con las construcciones en caso de un terremoto similar o superior al de 1985. Por lo certero del diagnóstico, se los reproduzco aquí. Salvo por el hecho de que Sanhattan, aparentemente, resistió el embate del terremoto, todo lo demás es válido y demuestra que tomar medidas y prepararse era posible.

Experto advierte sobre construcciones

de alto riesgo en el sísmico Santiago 

Por Alejandra Matus 

Modernos edificios, de osada y vistosa arquitectura, con fachadas de cristal y vigas de metal, que constituyen el sello de acaudalados barrios de Santiago, podrían no resistir un sismo de alta intensidad, como el que vivió Chile en 1985, pues fueron construidos bajo regulaciones no supervisadas por la autoridad pública, según dijo a Terra Magazine el académico Alberto Maturana, ex director de la Oficina Nacional de Emergencias y actual asesor del Ministerio de Salud en emergencias y desastres.

Chile es el país más sísmico del mundo, responsable del 46 por ciento de la energía liberada en el planeta por causa de temblores y terremotos, y el único que registra un sismo de grado 9,6 en la escala de Richter (en Valdivia, en 1960).

“Estadísticamente, cada chileno ha vivido o conoce muy de cerca la experiencia de alguien que ha vivido al menos dos grandes sismos. Sólo la Presidenta Bachelet ha debido lidiar con tres terremotos (registrados al norte y sur de Chile) en lo que lleva de su mandato”, afirmó Maturana. Y sin embargo, en su opinión, las normas que rigen a la construcción y, en particular, la forma en que la autoridad las hace valer, no están a la altura del peligro.

Maturana es miembro y ex presidente de la Red de Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); ex presidente de la Asociación Iberoamericana de Organismos de Protección y Defensa Civil, y miembro latinoamericano del Comité Científico y Técnico de la ONU para la reducción de desastres.

En general, los factores que, en el mundo actual, acrecientan el riesgo de pérdida de vidas humanas y elevan el costo económico de un terremoto, son “el crecimiento desmesurado de las ciudades, las construcciones antiguas y de adobe, los desafíos ambientales que necesariamente acompañan los escenarios más radicales y la falta de estudios que, incorporados a los planos reguladores de las ciudades, definan con claridad qué construir, dónde y cómo mitigar los riesgos”, dijo Maturana.

En particular, en la zona central de Chile, donde está Santiago, la ciudad más densamente poblada del país, el problema es que se está construyendo “en zonas de alto riesgo, con autorización y con normas poco exigentes”.

El último gran terremoto registrado en la región metropolitana ocurrió en 1985, con un grado 6,2. Entonces la capital contaba con instrumentos de medición distribuidos por toda la ciudad, que permitieron, después del desastre, establecer con precisión qué zonas representaban más riesgos. “Hubo sectores que quedaron prácticamente intactos, junto a otros en que la destrucción fue total”, recordó el especialista.

Ese registro permitió  comprobar que, junto a la estructura de las edificaciones, es importante saber sobre qué tipo de suelo se han levantado, pues las ondas sísmicas se ven amplificadas si están sobre terreno inestable, como “el terreno aluvional, el que acompaña a los cursos de agua, y el suelo de relleno y arenoso”, explicó Maturana. Grandes extensiones de la capital corresponden a ese tipo de suelo.

“El terremoto de 1985 permitió a los especialistas mapear Santiago, como si se tratara de una fotografía, y determinar aquellas zonas de más alto riesgo”, reveló Maturana. Es lo que se conoce como microzonificación sísmica. Esa descripción está siendo revisada, además, a la luz de recientes hallazgos que, aunque están en debate en la comunidad científica, apuntan a que estaría activa la llamada falla de San Ramón, que cruza de norte a sur los faldeos de la cordillera, donde se encuentran comunas densamente pobladas como La Florida y Peñalolén, y otras con edificaciones de gran Altura, como Las Condes y Vitacura.

Si ese mapa de microzonificación estuviera incorporado a los planos reguladores de la ciudad o de cada comuna en particular, “la sociedad podría seleccionar, siguiendo patrones lógicos, dónde construir, o en qué sectores premiar la edificación y en qué otros castigarlo”, dijo Maturana. “Sin embargo, es preocupante que grandes edificaciones de altura se construyen justamente en lugares donde el comportamiento del terreno esperado y razonable frente a un terremoto, pudiera ponerlos en serio peligro”, agregó.

De acuerdo con averiguaciones hechas por Terra Magazine, si bien expertos chilenos han logrado diseñar un mapa de microzonificación sísmica para la gran capital, dicha información no ha sido incorporada como norma en los planos reguladores de las comunas de Santiago, salvo excepciones, como Melipilla, una comuna rural ubicada al sur de Santiago.

El Ministerio de Vivienda, respondiendo a una consulta de Terra Magazine, afirmó que “la normativa antisísmica vigente cubre todo el territorio nacional y es la más exigente de Latinoamérica”. No obstante, ciudades como Bogotá en Colombia y Santiago de Cuba cuentan con este tipo de mapas de microzonificación sísmica, que regulan tanto la calidad de las construcciones, como los lugares donde pueden y no pueden levantarse.

En Santiago, en cambio, dijo Maturana, algunas de las más modernas edificaciones no sólo son de gran altura -como aquellas que pueblan el sector conocido como Sanhattan, por su semejanza con Manhattan-, sino que “se han hecho sobre la base de planos diseñados en el extranjero, con criterios que no han tenido el examen de nuestra propia realidad sísmica”. 

La Ley Chilena

En Chile está vigente la Norma NCh433, oficial desde 1996, que exige, por ejemplo, el uso de  hormigón armado norteamericano para las construcciones en zonas sísmicas. Es una regulación mejorada de aquella que estaba vigente en el terremoto de 1985 y que databa de 1972.

Según dijo a Terra Magazine el doctor y profesor titular de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Chile, Rodolfo Saragoni Huerta, las construcciones ajustadas a esa normativa resistieron bastante bien el terremoto de 1985. Todos los especialistas concuerdan en que el número de muertes fue bajo para la magnitud de ese terremoto.

No obstante, hasta 1980, los departamentos de obras de cada municipalidad tenían bajo su tutela la supervisión de la norma y se hacían responsables, pecuniariamente, de su cumplimiento. La dictadura de Augusto Pinochet traspasó la responsabilidad del cumplimiento de la norma, a los ingenieros calculistas contratados por los propietarios de las obras.

Sólo en 2005, en el Gobierno de Ricardo Lagos, hubo una modificación a la normativa, para exigir la revisión de esos planos por un ingeniero independiente, que debe ser seleccionado de un registro público. Pero el requisito no se aplica retroactivamente y, por lo tanto, las construcciones levantadas durante los 25 años que van desde 1980 a 2005 no tuvieron más exigencia que la firma del propio profesional contratado, en la mayoría de los casos, por empresas inmobiliarias.

Eduardo Ortiz, jefe del Departamento de Obras de la Municipalidad El Bosque –uno de los sectores más pobres de Santiago- y uno de los directores de la asociación gremial que los agrupa, opina que el traspaso de responsabilidad hacia los profesionales encargados de las obras no ha sido negativo, “pues de otro modo se hubiera hecho inviable para los departamentos de obras de los municipios, con escasos recursos y poco personal, atender a la demanda de revisión de los cálculos estructurales de cada obra”. A su juicio, el hecho de que los profesionales respondan con su firma y patrimonio de las posibles fallas en las estructuras, debiera ser suficiente garantía de la calidad antisísmica de las edificaciones nuevas.

Sin embargo, Maturana advierte el riesgo que representa que en un período tan largo de tiempo -que coincidió con el boom de las construcciones en altura en Santiago- se haya requerido sólo la firma de un profesional cuyo patrimonio, ante un eventual desastre, sería insuficiente para responder por los daños, sin supervisión de la autoridad pública. “Durante este tiempo se han construido edificios mecanos, sin estructura de hormigón armado, con un enorme componente de vidrios y cristales, cuyo uso debiera estar restringido en países sísmicos como Chile. Existe un enorme riesgo asociado al reemplazo del hormigón armado por estructuras que no han pasado el examen de un gran sismo”, dijo el consultor de Naciones Unidas y el PNUD.

“Los propios ingenieros calculistas han elevado la voz de alerta por el hecho que muchos profesionales jóvenes, hacen sus planos estructurales sin siquiera conocer el terreno de la obra, simplemente aplicando softwares”, agregó.

Rafael Riddell, ingeniero civil, profesor titular y jefe del departamento de ingeniería estructural y geotécnica de la Universidad Católica, sostuvo en el artículo “Chile Antisísmico”, publicado por la revista de la Cámara Chilena de la Construcción que: “Lamentablemente, hay una sombra de duda sobre lo ejecutado durante esos veinte años, por lo que estimo necesario que la revisión (de los cálculos, por un profesional independiente) se extienda retroactivamente a ese período, al menos en el caso de edificios de uso público, establecimientos educacionales y en construcciones más vulnerables como viviendas económicas”.

El profesor Ragoni explicó que los especialistas ligados al estudio sísmico de Chile actualmente están abogando por una nueva modificación legal que obligue no sólo a la revisión de planos y los cálculos de las nuevas construcciones, sino que a “inspección de las construcciones”, para verificar que lo que dicen los papeles se haya cumplido efectivamente. “Con eso se completaría el ciclo” de regulaciones necesarias para responder ante la fe pública. 

Las lecciones del pasado

El profesor Ragoni resaltó que la calidad de la construcción en Chile, en general, ha resistido bien el impacto de los sismos. “Aquí usted nunca va a ver a los rescatistas sacando gente de debajo de los escombros”, afirmó. Sin embargo, reconoce, “no hay que descuidar la seguridad sísmica” y, en la actualidad, se presentan actores de riesgo en las construcciones antiguas y en las adiciones que se han hecho en las casas, sin que cumplan con las normas antisísmicas.

Ragoni afirmó que “también nos preocupan las construcciones en sectores que para el terremoto de 1985 no estaban pobladas, como Lampa”, al norte de Santiago, donde se desarrollan numerosos proyectos inmobiliarios, pues no existen mediciones que permitan predecir cómo se comportarán esos terrenos en un terremoto.

Otro factor de riesgo serio para las vidas humanas, según lo demuestra la experiencia sísmica de Chile y numerosos países en el mundo, añade Maturana, está asociado a elementos no estructurales, como marquesinas, cielos falsos, luminarias y vidrios.

“Y un factor adicional, es la inmadurez de nuestra industria de seguros frente al riesgo sísmico. En Chile, la mayoría de los edificios públicos no están asegurados ni en estructura, ni en equipamiento. Eso incluye  a los hospitales”, sostiene Maturana.

El especialista agrega que en el Comité Científico y Técnico de la ONU, le correspondió estudiar a fondo numerosos terremotos modernos, como el de México (1985), el de Loma Prieta, en San Francisco (1987); el de Kobe, en Japón (en 1995) el de North Ridge, en California (1994); el de Ankara, en Turquía (en 2002), y el de Bam, en Irán (2003), para extraer lecciones sobre cómo prevenir y mitigar el costo económico y de vidas de un terremoto.

“En Kobe, por ejemplo, se destruyeron estructuras que se creían sólidas y seguras y la lección que se extrajo fue la precariedad de las construcciones que se levantan sobre terreno sedimentario y de relleno”, dijo Maturana.

“No obstante, en todos estos terremotos, el daño se produjo en fallas conocidas y denunciadas anticipadamente por los especialistas”, concluyó.  

La imagen de miles de personas desesperadas, desoladas, traumadas, solas enfrentando los desafíos de la sobrevivencia después de la tragedia, a la espera de auxilio que no se sabe cómo ni cuándo les llegará, me recuerda las imágenes del huracán Katrina. Bush, al igual que Bachelet, recorrió por aire presto la zona, pero el auxilio tardó una eternidad en llegar. Los afectados, pobres, afroamericanos, también fueron exhibidos en shows televisivos como animales descontrolados, temibles, autores de saqueos y aberraciones ante la ausencia de control gubernamental. La televisión también transformó la tragedia en espectáculo (aunque no recuerdo haber presenciado los niveles de frivolización a los que ha llegado la televisión chilena en estas horas).

Las autoridades anunciaron que no habría tsunami y lo hubo y ahora afirman que no es hora de reclamar responsabilidades, sino de actuar. ¿Y cuándo se supone que llegará esa hora? 

Creo que es justo demandar respuestas y acción, inmediatas. Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Se puede actuar y responder preguntas obvias. Es cierto que el terremoto fue de una magnitud sin paralelos, pero ¿por qué es posible trasladar tropas y no es posible, con la misma celeridad, transportar agua y comida? ¿Quién y por qué dio la instrucción a las personas que estaban en los cerros de Dichato de volver a sus casas justo antes de que ocurriera el tsunami? ¿Por qué modernos edificios anunciados como antisísmicos colapsaron y otros más antiguos, no? ¿Por qué obras concesionadas -carreteras y el aeropuerto- se destruyeron y obras públicas más antiguas, no? ¿Por qué los medios parecen interesados en cubrir la post tragedia como si se tratara de un hecho policial o el show de la doctora Polo, poniendo como protagonistas centrales a un par de delincuentes que se llevaron una lavadora y un plasma, e ignora la tragedia de miles de personas decentes que tratan de sobrevivir sin agua, sin luz, sin ayuda, sin consuelo?

Ante la palmaria evidencia de las circunstancias actuales, estamos en el momento perfecto para reabrir el Aeropuerto de Los Cerrillos y corregir así un disparate que nunca tuvo justificación alguna.

Agreguemos que, como hasta ahora no ha funcionado el negocio inmobiliario del Portal Bicentenario al que apuntaba el inconsulto e irresponsable cierrre de Los Cerrillos y ante el cuestionamiento de la construcción de la recién anunciada línea 6 del metro desde dicho sector que ha manifestado la asesora de transporte del Presidente electo, Ana Luisa Covarrubias, la mejor solución urbana y que además serviría para disipar suspicacias -especialmente con la pronta vuelta de Ravinet al gabinete ministerial recién designado por el Presidente electo para la futura administración de derecha-, consiste en anunciar la inmediata reapertura del Aeropuerto de Los Cerrillos -el que nunca debió cerrarse- y cuyos futuros usuarios dispondrían así de un cómodo servicio de metro.

 Si Ud. se encuentra siquiera medianamente preocupado por las posibilidades que los criminales informáticos tienen para cometer sus actividades ilícitas en los múltiples ambientes de la Internet colaborativa, es bueno que sepa que el Observatorio de la Seguridad de la Información, asociado al español Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), ha publicado una serie de 12 guías con el objetivo de servir de ayuda a los usuarios a la hora de configurar la privacidad y mantener la seguridad de sus perfiles en Facebook, Youtube, Flickr y otras redes sociales, todo lo cual ha sido posible como parte de un proyecto conjunto con la Universidad... siga leyendo

 Con el patrocinio de The Patagonia Foundation, los fotógrafos Jack Dykinga, Premio Pulitzer; Jeff Foot, Biólogo para la BBC; Daniel Beltrá, ganador dos veces de la World Press Photo; Edgar Boyles, cineasta ganador del premio Emmy y el reconocido fotógrafo y biólogo nacional Andrés Morya Hinojosa, entre otros destacados profesionales, unirán sus talentos con el fin de retratar, filmar, crear y luego distribuir a nivel internacional la evaluación ambiental de la Patagonia chilena, en la primera "RAVE” (Rapid Assessment Visual Expedition) que se llevará a cabo en nuestro país.

 
RAVE (Rapid Assessment Visual Expedition) nació como una iniciativa de la Liga Internacional de Fotógrafos por la Conservación, “International League of Conservation Photographers” (ILCP), para hacer frente a los retos de la preservación moderna. Es así como RAVE conforma equipos multidisciplinarios para evaluar una... siga leyendo 

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ORGANIZACIONES DE DD.HH DENUNCIAN PROCEDIMIENTO ?ANÓMALO? EN ELECCIÓN DE CONSEJEROS PARA

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

• Un total de quince instituciones, de las 42 inscritas por el Ministerio del Interior para integrar el registro de organizaciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos, se establecieron hace menos de un año; tienen mismo domicilio, ciudad y región, y no se dedican a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.
• Organizaciones de DD.HH. enviaron carta a la Presidenta de la República Michelle Bachelet para cuestionar la debida rigurosidad en la constitución de dicho catastro.

Santiago 20 de enero de 2010. Organizaciones de derechos humanos que se reunieron ayer para elegir desde la sociedad civil a cuatro consejeros del Instituto de Derechos Humanos (IDH) recientemente creado, denuncian que el Ministerio del Interior no actuó con la debida rigurosidad a la hora de conformar el catastro de organizaciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. Esto, después de constatar que un número importante de instituciones ya registradas por la cartera de Estado, no cumplía con los requisitos estipulados en la Ley 20.405 que crea el IDH.

Según esta normativa, las organizaciones que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos pueden inscribirse ante el Ministerio del Interior para integrar un registro al alero del Instituto de Derechos Humanos, y así participar en la elección de cuatro consejeros representantes de la sociedad civil por un período de 6 años. Para ello deben presentar una serie de documentos que acrediten su personalidad jurídica, y un accionar ligado a la promoción y defensa de los derechos humanos.

Los representantes de las organizaciones que suscribieron la carta enviada a la Presidenta Bachelet, y que estuvieron presentes en la reunión de ayer para la elección de consejeros, sostienen que al menos quince organizaciones registran un mismo domicilio y sus mandatos institucionales no se relacionan con la defensa y protección de los derechos humanos, en los términos que la ley y su respectivo decreto exige.

Estos hechos provocaron un desequilibrio al momento de elegir a los consejeros, no pudiendo llegar a acuerdo respecto de un mecanismo de elección que asegurase una amplia y plural representación. En efecto, dichas organizaciones impusieron algunos nombres de personas que no cuentan con la trayectoria personal exigida por la Ley que crea el Instituto; esto es, consejeros con trayectoria reconocida en el ámbito de los derechos humanos.

Fundación para la Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria (OPCION), Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Corporación Humanas, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), Corporación Parque Villa Grimaldi, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH), Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Corporación Genera ? Ideas y Acciones Colectivas, Corporación Interés Público, Corporación de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), y Agrupación de ex Presas y Presos Políticos - V Región son las instituciones que suscribieron la carta donde se denuncia esta anomalía, y que solicitaron una reunión urgente con la Mandataria.